El Ministerio de Justicia, el Consejo Superior del Poder Judicial, la Corporación de RTVE y Endemol Shine Iberia han alcanzado un acuerdo histórico a través del cual la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal contará con una disposición adicional que permitirá a ciudadanos famosos, en mayor o menor grado de celebridad, conmutar penas de cárcel si acceden a concursar en MasterChef. La medida extraordinaria alcanzada entre los máximos organismos de la judicatura y el grupo televisivo responsable del concurso gastronómico permitirá descongestionar los juzgados y al mismo tiempo aliviar las dificultades de MasterChef Celebrity para encontrar participantes que deseen concurrir en el programa libremente y sin mediar coacción.

Bistró para sentencia

Si bien asociaciones como Jueces y Juezas para la Democracia han calificado la medida de conmutar sentencias de cárcel por la participación obligatoria en MasterChef como “un endurecimiento encubierto de las penas” otros agentes sociales califican la decisión de “castigo ejemplar y necesario”. Casos como la crispación psicológica de Verónica Forqué, la crucifixión mediática de Patricia Conde o el escarnio público de Florentino Fernández han servido de marco de referencia para sustituir la prisión por un plató de televisión en el que los famosos serán sometidos a vejaciones, insultos, manipulación mental e incluso correctivos físicos en forma de cortes picando cebolla o quemaduras de segundo grado retirando cazuelas del fuego con los dientes.

Amnistía Internacional ha organizado concentraciones de protesta al entender el acuerdo como una vulneración de los derechos humanos “por mucho que pueda apetecer disfrutar viendo a famosos llorando en prime time”.

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