Será por dinero

El 13 de marzo de 2007, una comisión parlamentaria calculaba en 40 millones de euros anuales el dinero que obtienen los periódicos españoles de estos anuncios. Al menos 10 millones se los lleva Vocento.
Alguien debería explicarnos quién paga los anuncios de explotación sexual. ¿Las propias anunciadas? Faltaría más. Todo el mundo sabe  que una rumana o una tailandesa obligada a prostituirse, lo primero que aprende en las clases de español para principiantes es a diferenciar entre adjetivo y adverbio en frases como “Conejito estrechito. Chupo bien”. No. ¿Quién está detrás? No parece muy difícil averiguarlo. La Ertzantza averigua cosas todos los días.
En algunos periódicos, por prudencia contable, a los proxenetas se les llama “empresarios del sexo”. Que es más o menos como llamar a un genocida “experto en gestión de la eliminación de excedentes de población”.
Para EL CORREO o El Diario Vasco, las prostitutas callejeras, que denuncian en sus páginas, son una cosa y los anuncios de contactos otra distinta. Más que nada porque las primeras tienen un chulo que no necesita de otro intermediario comisionista. Y eso jode.
El pasado 1 de julio la policía desmanteló una red que obligaba a prostituirse a 30 mujeres en siete burdeles. La pista fue un anuncio que rezaba “Orientales, 18 años. 24 horas”. Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, llama “cómplices de esta forma de esclavitud” a los medios que publican estos anuncios. Mientras, Iñigo Barrenechea, director general de EL CORREO, se posiciona, actividad alegal mediante, por un “debate sereno”. La misma serenidad con la que deben de vivir las mujeres obligadas a prostituirse por quienes contratan sus anuncios.
Bibiana Aído, Ministra de Igualdad, ha anunciado que la campaña contra la trata de personas con fines de explotación sexual no se publicitará en diarios que incorporen anuncios clasificados de contactos. Pero resulta que el Gobierno tiene 17 ministros. ¿Qué va hacer el resto con su publicidad? ¿Piña o de su capa un sayo? Gobiernos autónomos varios y consejeros también deberían responder.

De facto

Al margen del andamiaje jurídico que las instituciones competentes construyan para articular la prohibición de los anuncios de explotación sexual, estos ya son ilegales: la Ley General de la Publicidad, la Ley de Violencia de Género o la Ley de Igualdad existen para algo. Pero a los responsables de EL CORREO y El Diario Vasco la única Ley que parece ponerles es la Ley del Silencio.

Héctor Sánchez © humorenlared.com