octubre 10, 2012

Cállalos suavemente

El éxito de la temporada aspira a vaciar las calles y llenar las salas de estar. Mejor no moverse demasiado, no vaya a ser que paguen justos por infiltrados.

La convocatoria Ocupa el Congreso, que pasó a ser Rodea el Congreso y finalmente se convirtió en Esquiva la porra tenía como objetivo declarado, “rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo e iniciar un proceso constituyente”. El videoclip del presunto agente infiltrado diciendo “soy compañero, soy compañero” ha sido seleccionado para el próximo festival de cine de Sundance en la categoría de Trailer Autoinculpatorio. La difusión de estas y otras imágenes ha llevado a voces tan expertas como la del ex ministro de interior, el vasco Jaime Mayor Oreja, a manifestar su contrariedad porque se televisen los “problemas de orden público” ya que “incitan a manifestarse”. La crítica televisiva Maki Abello dice que no cuela. Opina que lo ocurrido obedece a una estrategia gubernamental para callar al pueblo, provocar el temor y que pese a todos los recortes nadie quiera participar “en manifestaciones que se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban”.
Catalogado desde el Partido Popular como “movimiento involucionista”, el 25 de septiembre tenía todos los boletos para acabar como la noche de los cristales rotos. “Sobre todo los de las gafas de los jubilados y las lentes de las cámaras”, apunta el cronista parlamentario José Plumilla mientras recupera el tupper de su niño de un macetero. “Es que con tanta policía me daba canguelo sacarlo del hemiciclo”, se excusa. 1.500 policías dan para mucho cacheo y para bastante más.

Leña al fuego

La actuación de las Unidades de Intervención Policial ha sido muy criticada y ha llevado a la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a cerrar filas con sus muchachos. Según ella, las fuerzas policiales sufrieron un ataque desproporcionado que llevó a recoger 256 kilos de piedras en las inmediaciones del Congreso: aproximadamente, 170 gramos por policía. “También han aparecido dos toneladas de botijos, un palé de vino casero, garrotas con el texto “paga o cobra” y bobinas de cobre, pero no se ha podido confirmar aún si formaba parte del equipo antidisturbios de la policía o fueron abandonadas por elementos antisistema durante una retirada elástica”, apunta la propia Cifuentes.
A. Cascoporro, vicesecretario general del Sindicato Unificado de Policía agradece el apoyo de la Delegada y advierte de la dificultad de “hacerle memorizar a nadie tu número de placa mientras le sacudes. Llevarlo en la pechera tampoco ayuda porque o te dan la espalda o se protegen la cara con los brazos o la sangre no les deja ver”. Cascoporro no descarta convocar manifestaciones pacíficas para exigir la solución de esta problemática. No cree que se les cuele ningún infiltrado ni que les coloquen piedras en la mochila, hecho denunciado por algunos detenidos en Madrid. Eso sí, advierte de que para futuras ocasiones los infiltrados no deberían dar motivo para ser detenidos. “Es que algunos de ellos parece que creen que la policía es tonta”, subraya. El 25-S acabó con un saldo de 64 heridos y 35 detenidos, dejando en segundo plano la sempiterna polémica sobre el número de manifestantes. “Déjeme ver la tarifa. Aquí está: cuando son aficionados del Atlético de Madrid, en la Plaza de Neptuno caben 15.000. Cuando la petan manifestantes, 4.000”, comenta un empleado de Geofraudex, empresa de recuento aéreo. Su trabajo se ha complicado desde que les han pedido distinguir a manifestantes “pata negra” de infiltrados policiales. “Hay que ir uno por uno y me da miedo ¿usted ha visto la tele?”, afirma contrariado. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha puesto cifras al despliegue ante el intento de “Golpe de Estado” del 25-S. Solo en municipales (490 agentes y 156 vehículos) han sido 211.219 euros. En limpieza el coste trepa a 1.876.000 euros, sin gastos ni comisiones, que esta vez no podrá imputar al Athletic de Bilbao. El Ministerio de Interior lleva sus propios cálculos. Tiene que añadir a los gastos previstos “los pluses de productividad finales y la pasta gansa en fisioterapeutas. Los agentes acabaron muy mal de tanto subir y bajar el brazo”, ha indicado el Subsecretario de Estado, Anselmo Tín.
Mientras el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestaba su acuerdo con la «perfecta respuesta del Estado de Derecho a una serie de manifestaciones que lo que hicieron fue ejercer una agresión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», los detenidos del 25-S empezaban a ser víctimas de otro pim-pam-pum: el  judicial. Hay diferencias de criterio entre la Audiencia Nacional y el Juzgado de Plaza Castilla. Mientras la juez que les tomó declaración estima que sí hay delitos contra el Estado y ha remitido a la Audiencia Nacional la causa, el juez Pedraz no lo tiene claro. Según fuentes bien untadas, sería embarazoso para la Audiencia Nacional comprobar que buena parte de los iniciadores de los altercados, calificados por el director general de la policía como “extremistas de izquierda, okupas y anarquistas» fueron miembros de la policía. Fruto de la situación económica y social, para algunos economistas los acontecimientos del 25-S han demostrado que la situación no es tan grave como parece. De momento hay dinero para pagar a 1.500 uniformados y unos cuantos de paisano.

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Abel de las Heras © humorenlared.com

 

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