La Agencia Tributaria y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han abierto diligencias y están analizando la información de unos nuevos ‘papeles de Panamá’ que revelan la identidad de numerosos perros, principalemente de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Alicante, que a través de un despacho de abogados panameño habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal eludiendo el pago de la tasa canina. Estos canes creaban, a través de testaferros, empresas offshore en el país aprovechando sus leyes fiscales más laxas y el secreto bancario, para evitar así pagar en España el impuesto que sirve para financiar los servicios municipales relacionados con la gestión de residuos y el mantenimiento de parques para perros.

Qué rabia da

Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda revelan que existe constancia de contactos entre los perros incluidos en la lista de evasores fiscales y varios despachos de abogados del país centroamericano a las pocas semanas de aprobarse la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, origen de las tasas caninas de aplicación municipal. “Cada tasa oscila entre los 30 y los 100 euros anuales. Podría parecer el chocolate del loro… Los loros, otros que con lo de la ingeniería contable se están forrando los muy hijos de puta… Pero a lo que iba. Que puede parecer poco dinero, pero es que son muchos perros. En 10 de los 21 distritos de Madrid hay más perros que niños. Así que es mucha pasta que deja de ir a las arcas públicas”, explica Crispín Chablobos, analista de datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

El portavoz de la Asociación Canina Nacional (ACCAM) considera la investigación “una caza de brujas” y afirma que están que muerden.

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