El Gobierno, las dos Cámaras, el conjunto de Asambleas de las Comunicades Autónomas y tres iniciativas legislativas populares han coincidido en hacer una propuesta de ley que obligue a la gente que habla a gritos en bares, restaurantes, salas de espera y otros espacios públicos a tener al menos conversaciones interesantes. La nueva norma jurídica, ya admitida a trámite, persigue el doble objetivo de minimizar el agravio que supone escuchar los alaridos de otros ciudadanos en lugares de uso común y evitar las agresiones a individuos como respuesta a su exceso de decibelios. El debate inicial se adivina controvertido, especialmente en el punto que se refiere a permitir gritar en las bibliotecas aunque de lo que se hable sea de las contradicciones entre moralidad y propósito en la obra de Nietzsche.

No todo vale

El Consejo General del Poder Judicial ha advertido sobre las interpretaciones juridicas de la norma y advierte de que deben quedar perfectamente definidos en su redacción los términos de lo que se considera ‘interesante’. “Tomando como contexto una cafetería, si los ocupantes de la mesa de al lado se limitan a comentar a grito pelado las fotos en el móvil de sus vacaciones en Fuengirola, esta acción podría ser constitutiva de delito. Pero si los comentarios incluyeran detalles sobre si la mujer de la foto era una divorciada que conocieron en la playa que regentaba una mazmorra BDSM que tuvo que cerrar porque unos mafiosos rusos mataron a un cliente, entonces la conversación si sería conforme a la ley”, matizaba María Isabel Perelló, presidenta del CSPJ.

Algunas voces ya se han alzado contra la norma legislativa apelando a su derecho constitucional de berrear y emitir sonidos guturales en espacios públicos sin que les esclavice la pertinencia del discurso.

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