A pesar de que desde el 1 de enero de 2023, los 151 municipios con más de 50.000 habitantes, padrón arriba pimiento abajo, están obligados a disponer de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), sólo 14 de ellos están a fecha de hoy al día y podrían acoger a Greta Thumberg en sus fiestas patronales con la conciencia limpia. 18 de ellos todavía ni han empezado a demarcar sus zonas y culpan de ello a una “redacción confusa” por parte del Gobierno de España. Andrés Caqueos, portavoz para disyuntivas medioambientales de la Federación Española de Municipios y Provincias desmiente categóricamente que nos encontremos ante un caso de “negacionismo climático”.

Contaminación eres tú

“Casi todo el mundo”, enfatiza Marisol Isombra desde el Ministerio de Transición Ecológica, ha comprendido que las ZBE son áreas en el centro de las ciudades en las que se proscribe la circulación y/o el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, barredoras mecánicas de madrugada aparte. Se trata de mejorar la calidad de la atmósfera a cotas peatonales. Sin embargo no todos lo han entendido así. Algunos, según Caqueos, han alegado que creyeron que se trataba de liberar zonas céntricas de botelloneros “por el follón”. “Emisiones audioetílicas, dicen”, lee Isombra. Algunas de estas localidades, susurra Caqueos, han llegado a pedir fondos para contratar a Desokupa porque “se puede liar pardísima”.

Otros municipios, “más en la onda, hay que reconocerlo”, admite Isombra, han alegado que “desplazar de parques, plazas y soportales de Iglesias” a los grupos de consumidores de “tabaco con tropezones” podría ser inconstitucional y otras cosas que no se acuerdan.

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